La reciente decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de retirar la orden de detención contra Carles Puigdemont ha evidenciado una profunda fractura institucional. Aunque el Supremo ha terminado acatando la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, el proceso ha estado marcado por críticas explícitas hacia el criterio del alto tribunal. Este conflicto refleja la resistencia interna dentro de la cúpula judicial española respecto a la implementación de la ley de amnistía. La postura de Llarena, que subraya las discrepancias jurídicas sobre cómo aplicar esta norma a los implicados en el proceso independentista catalán, pone de manifiesto la falta de consenso entre las distintas instancias judiciales sobre el alcance y la interpretación de la medida de gracia.
Source : El País
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