La reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del derecho al sufragio para las personas nacionalizadas mediante la denominada ley de nietos genera incertidumbre técnica. A pesar de las solicitudes presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para reconsiderar esta medida tras el adelanto de los comicios, la corte ha confirmado su postura. Esta resolución sin precedentes traslada la responsabilidad operativa de ejecutar la exclusión electoral a la Oficina del Censo Electoral y a las diversas sedes consulares. La implementación de este mandato enfrenta desafíos logísticos significativos, dado que los procesos de revisión del censo y la gestión de recursos legales se encuentran en una fase compleja, complicando la organización de las próximas elecciones.
Source : El País
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