La reciente resolución del Tribunal Supremo que impide ejercer el derecho al sufragio a los ciudadanos nacionalizados mediante la ley de nietos ha generado una situación jurídica compleja ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esta medida afecta directamente a más de 163.000 personas que han sido excluidas del censo electoral sin haber tenido la oportunidad de presentar alegaciones previas. La orden judicial crea una distinción arbitraria, permitiendo votar únicamente a aquellos individuos que residen actualmente en territorio español, mientras que el resto de los afectados por esta normativa quedan privados de su derecho al voto. Esta exclusión administrativa ha provocado diversas anomalías legales y situaciones contradictorias, planteando interrogantes sobre el procedimiento seguido por el alto tribunal para restringir la participación democrática de este colectivo de nuevos españoles a escasas semanas de la cita con las urnas.
Source : El País
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